Tras la decisión de la Corte Constitucional sobre la llamada ley de paz total, el fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que los fiscales de los casos podrán estudiar la libertad que concedieron a presos que se convirtieron en voceros de paz.
En la noche del pasado jueves, la Sala Plena de la Corte Constitucional dejó con vida la llamada ley de paz total (2272 de 2022), que le permite al gobierno del presidente Gustavo Petro negociar con bandas criminales, disidencias y guerrillas. Sobre esta decisión de la Corte, el fiscal general Francisco Barbosa anunció que es posible que los fiscales, haciendo uso de su independencia, “en los próximos días soliciten órdenes de captura a quienes fueron designados como voceros de paz y se les había otorgado la libertad”.
El anuncio del fiscal se da pues, si bien el alto tribunal le dio visto bueno a la ley, dejó claro que el gobierno no podía nombrar como voceros de paz a personas que estuvieran privadas de la libertad, pues se trataba de una decisión que iba en contra de un principio conocido como la separación de poderes.
En medio de su intervención en el Encuentro de la Jurisdicción Disciplinaria, también señaló que, si bien la Fiscalía había aceptado levantar órdenes de captura a miembros del ELN y las disidencias de las Farc, estas se amparaban dentro del carácter político de las organizaciones a las que hacen parte. Caso que para él no aplica con los voceros de paz que no hagan parte de grupos armados organizados, para los que considera necesaria una ley de sometimiento. Esta ley ya fue anunciada por el Gobierno Nacional e irá al Congreso de la República.El Fiscal añadió que el Presidente no podía ordenar por medio de un “plumazo presidencial” a la Fiscalía liberar a miembros de la primera línea que se encontraban privados de la libertad, como lo señalo de hacer por medio de un discurso, puesto que en el país existe una división de poderes. También informó que se encuentran haciendo un balance para saber qué voceros de paz fueron dejados en libertad y así poder tomar estudiar cada caso.
El inicio de esta decisión tomada por la Corte se remonta a la demanda que presentaron los congresistas del Centro Democrático, José Jaime Uscátegui y María Fernanda Cabal, quienes alegaban que la iniciativa, de paz total, no tuvo concepto del Consejo de Política Criminal y cuestionaban que se pudieran levantar las órdenes de captura de personas procesadas para que fueran voceros de paz._ELESPECTADOR
